The Demo Site

Juan Manuel Blanco.- No hace falta ser un gran observador para percibir el deterioro de la política española, sea ésta nacional, autonómica o municipal. En el debate político escasea la confrontación de ideas y el debate racional, que se sustituyen por la frase ingeniosa o la mera descalificación del contrario.

En el interior de los partidos impera un rígido acatamiento sin crítica alguna al líder o bien, a veces, unas luchas de facciones por el poder donde todo vale y en la que las diferencias ideológicas no suelen existir. La corrupción, la arbitrariedad y el abuso avanzan al mismo paso que la pérdida de credibilidad de las instituciones, sin que parezcan existir mecanismos que pongan freno a este deterioro. Los gobernantes manifiestan una tendencia a la adopción de medidas llamativas, demagógicas o clientelistas, más dirigidas a la imagen y a las emociones que a la razón y, generalmente, centradas en un miope cortoplacismo en el que pocas veces se adivina un proyecto serio de largo plazo. Y las preguntas son obvias ¿Cuáles son las causas de este estado de cosas? ¿Existe remedio a esta situación? En mi opinión la causa hay que buscarla en un erróneo diseño de nuestro sistema político y, sobre todo, en la ausencia de voluntad de reforma cuando comenzaron a manifestarse sus deficiencias.

Quizá uno de los errores más graves consista en creer que, para que un sistema democrático funcione correctamente, basta con que los ciudadanos puedan votar y exista un régimen multipartidista. Es cierto que estas dos características son imprescindibles pero también resultan, a todas luces, insuficientes: el voto constituye un control último de los electores a los gobernantes contra la tendencia al abuso y a la arbitrariedad pero este control resulta muy indirecto y su ejercicio demasiado dilatado en el tiempo. Una democracia necesita, además, otros elementos que impongan unos límites claros al ejercicio del poder y establezcan unos mecanismos de control permanentes a la actuación de los gobernantes. Entre estos elementos pueden citarse: a) una Separación de Poderes efectiva, b) un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades, c) unos mecanismos adecuados de selección de las personas que se dedican a la política y d) una prensa libre e independiente

El mecanismo de control y de limitación del poder por excelencia es la "Separación de poderes" o reparto el poder entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial con el fin de evitar la concentración del poder. Estos órganos, o poderes, deben ejercer funciones distintas, mantener un elevado grado de independencia real entre sí, garantizando que ninguno domina sobre otro, y tener establecidos unos mecanismos eficaces de control y vigilancia mutua por los que cada uno supervisa y controla a los otros dos. El parlamento (el legislativo) también ejercería la representación de los ciudadanos de manera que cada diputado votaría en conciencia y actuaría en nombre de sus electores, transmitiendo y defendiendo sus intereses. Para ello, cada elector debe conocer bien quien es su representante, seguir su actuación en el parlamento y renovar o retirar su confianza según su comportamiento. El sistema político debe también establecer unos mecanismos adecuados de selección de las personas que van a administrar los recursos públicos y a ejercitar el poder, procurando que estos políticos posean un grado suficiente de formación, integridad y honradez. Resulta conveniente, por tanto, que antes de optar a cualquier cargo cada político se someta individualmente al escrutinio público. Y la necesidad de una prensa y unos medios de comunicación libres e independientes, también conocidos como el cuarto poder, es fácil de entender ya que constituye la garantía de que los votantes puedan obtener información veraz con la que elegir eficazmente.

Desgraciadamente, el sistema político español a duras penas cumple alguno de estos requisitos. La separación de poderes (aun consagrada formalmente la Constitución) ha desaparecido en la práctica, los mecanismos de control del poder político hace tiempo que no funcionan correctamente, el principio de representación apenas existe, los sistemas de selección de los políticos resultan perversos y la prensa es cada día más dependiente del poder.

En España no existe un poder legislativo independiente que pueda decidir algo. Las decisiones importantes las toman las direcciones de los partidos políticos y las trasladan al parlamento a través de la disciplina de voto. El legislativo no lleva a cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que tiene encomendadas: ni controla al gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los ciudadanos. No controla al gobierno pues el voto de cada parlamentario no depende, en absoluto, de cual haya sido la acción del gobierno. Las leyes las hace en realidad el ejecutivo, las envía al parlamento (como proyecto de ley) y ordena a sus diputados votar a favor. Si el partido del gobierno no tiene la mayoría, el ejecutivo suele comprar, a otros partidos minoritarios, los votos que le faltan a cambio de generosas y arbitrarias concesiones.

Tampoco existe la representación directa. El sistema electoral se ha caracterizado por la total ausencia de una relación directa entre elector y elegido: no se vota al candidato sino a listas cerradas que elaboran las direcciones de los partidos políticos. No hay control de los ciudadanos hacia su representante pues, por lo general, nadie sabe quien le representa en el parlamento (nacional o autonómico). El parlamentario individual no puede tener criterio propio, se convierte en una maquina de votar lo que le ordenan (a veces, incluso, sin saber lo que vota) y deja de ejercer como representante de sus electores para convertirse en un representante del jefe de su partido, que es quien le incluye en la lista. Precisamente el sistema de elección por listas cerradas y bloqueadas constituye una de las causas fundamentales del deterioro del sistema político. El ciudadano no decide en realidad su representante sino que debe limitarse a votar una lista que han elaborado otros. También es explicable que los debates en el parlamento carezcan casi por completo de argumentos ya que no hay que convencer a nadie: todos actúan por disciplina de voto. En conclusión el parlamento deja de representar la soberanía popular para representar la voluntad de las cúpulas de los partidos.

Partitocracia es el nombre que describiría mejor el funcionamiento del sistema político español. Se trata de una estructura política en la que son las direcciones de los partidos (y no los ciudadanos) las que deciden quienes serán los representantes y las que ejercen un control estricto sobre los miembros del parlamento, de manera que éstos no pueden tener criterio ni decisión propia. Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado se "nombran" por el parlamento, esta preponderancia de las direcciones de los partidos se traslada a muchos otros órganos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es formalmente independiente pero, en la realidad, son los partidos los que se ponen de acuerdo para nombrar cada uno sus "representantes" en el tribunal. Así, con demasiada frecuencia es posible prever lo que va a votar un miembro del Tribunal Constitucional, tan sólo sabiendo cual fue el partido político que lo propuso. Lo mismo ocurre con el Consejo General del Poder Judicial que es nombrado por los partidos mediante este sistema de cuotas.

Así, la partitocracia acaba vaciando de contenido una buena parte de los órganos del Estado porque las decisiones que estos órganos toman formalmente ya se han adoptado previamente en otros ámbitos. De este modo, la separación de poderes desaparece de hecho pues suele ser el jefe del partido mayoritario (generalmente también jefe del ejecutivo), quien toma realmente las decisiones por todas estas instituciones aunque ellas sean formalmente independientes. Para colmo de males, en España los partidos políticos también carecen de democracia interna. Por ello, el Estado queda dominado por unas estructuras burocráticas sin control interno y un control democrático externo demasiado débil. Y esta estructura se reproduce en los niveles autonómico y municipal. Ante esta falta de mecanismos de control no es extraño que la corrupción y los abusos se generalicen sin que haya forma de ponerles freno.

El sistema español también produce una selección perversa de los representantes y gobernantes ya que los criterios que acaban contando para ser diputado (nacional o autonómico) o concejal no suelen ser la valía personal o profesional ni con la confianza de los votantes en esa persona. Con demasiada frecuencia, se trata de pasar largos años medrando en un partido, mostrando fidelidad al líder hasta que se decide que puede entrar en la lista electoral. Se fomenta así la creación de una casta de políticos que hacen del cargo su forma de vida. Por ello, el mantenimiento en el poder se convierte en el objetivo primordial y la discusión política es más una lucha por el reparto de los puestos que un debate de proyectos de futuro. Así, el Estado tiende a ser percibido por algunos dirigentes como una extensión del partido, un enorme paquete de cargos para repartir entre sus miembros tras la lucha electoral. En definitiva, ante este inadecuado funcionamiento del sistema, las decisiones de los políticos tienden a reflejar más sus propios intereses y los de sus partidos que los de los ciudadanos

Finalmente, la lucha partidista por el poder y los cargos rebasa los límites del Estado y acaba extendiéndose y contaminando una buena parte de la sociedad civil a la que los partidos intentan controlar: sindicatos, asociaciones empresariales, intelectuales, artistas etc. Utilizan para ello todo tipo de ayudas, subvenciones y, en definitiva, gasto clientelar, financiado con el dinero del contribuyente, para conseguir el apoyo. Así, muchas organizaciones sociales tienden a alinearse con un partido político, perdiendo también su independencia. Pero esto es especialmente grave en el caso del control de la prensa por parte de los gobernantes valiéndose, para ello, de la publicidad institucional, que supone unos ingresos muy importantes para muchos medios, y de las concesiones administrativas a los medios audiovisuales. En definitiva, la independencia de la prensa y de los medios se ha ido reduciendo de forma alarmante en los últimos años en España.

No son pocos los motivos para plantear, de forma urgente y sin complejos, la necesidad de acometer unas reformas inaplazables de nuestro sistema político, reformas que fomenten una representación más directa de los ciudadanos, garanticen una efectiva separación de poderes, provean un eficaz sistema de selección de los políticos, establezcan eficaces mecanismos de control del poder y eviten la influencia de los gobernantes en los medios de comunicación.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia
_________________________________________________________